Problèmes d'insécurité en Uruguay

La inseguridad ciudadana constituye un tema central en el Uruguay actual. La cotidianeidad de los delitos y la emergencia de un nuevo tipo de violencia relacional en el espacio público impactan en la población, alimentando la percepción de inseguridad y de impunidad, reflejos de un malestar social profundo. La inseguridad moviliza a la ciudadanía que busca manifestarse a través de nuevos tipos de movimientos. Al ser interpeladas, las instituciones deben apropiarse del tema de la inseguridad. Los partidos políticos imprimen su marca ideológica en la comprensión del fenómeno. La izquierda al poder se ve obligada, sin embargo, a evolucionar en sus concepciones tradicionales para adaptarse a las demandas ciudadanas.

 

Según el informe del Latinobarómetro en el año 2008[1], Uruguay sería el país más pacífico de América Latina. En efecto, esta afirmación tiene su realidad cuantitativa en el país, ya que Uruguay tiene las tasas de violencia y de criminalidad más bajas del continente. A modo de ejemplo, la tasa de homicidios en Uruguay gira los últimos años en torno a las 6 personas cada 100.000 habitantes, mientras que México la tasa de homicidios es de 25 personas cada 100.000 habitantes[2]. Sin embargo, el mismo informe del Latinobarómetro mostró que el 2008 la población uruguaya tenía una percepción de la criminalidad y de la violencia que igualaba a la de la población mexicana, el 39% de los uruguayos consideraba que el problema más importante para el país era la delincuencia. Más recientemente, una encuesta realizada por una consultora uruguaya en junio del 2010 mostró que la delincuencia y la inseguridad continúan siendo los temas que más preocupan a los uruguayos y uruguayas[3]. Una paradoja de la realidad uruguaya es  justamente la brecha existente entre la percepción colectiva de inseguridad y los indicadores empíricos sobre la criminalidad, sobre todo cuando son comparados con otros países a nivel continental.

Más allá de esa problemática entre la realidad objetiva y las percepciones sociales, la inseguridad ciudadana constituye un tema central en el Uruguay actual. La cotidianeidad de los delitos y la emergencia de la violencia en el espacio público impactan en la población, alimentando la percepción de inseguridad, de impunidad, de carencia de protección y de abandono por parte del Estado. La inseguridad es una preocupación social, que moviliza a la ciudadanía que busca manifestarse a través de nuevos tipos de movimientos y que exige la acción urgente del gobierno. Por su alcance en la población, la inseguridad también es interpretada por los partidos políticos,  tanto por el oficialismo como por la oposición, que ven el problema y sus soluciones diferentemente y según sus pilares ideológicos. Así, la inseguridad, difundida masivamente en los medios, se politiza, se usa como herramienta de oposición al gobierno y como símbolo general de un descontento social profundo.

La complejidad de las implicaciones de la inseguridad es visible, por eso estudiar el fenómeno de la inseguridad puede revelarse difícil. Al ser un tema que nos concierne a todos y a todas (ciudadanos y ciudadanas, gobierno, oposición, medios de comunicación) se crean una multiplicidad de discursos que asimilan diferentemente la problemática de la inseguridad. La inseguridad no tiene el mismo sentido en una conversación de café, en  un discurso de un miembro del gobierno o en la televisión. Sin embargo, todos esos niveles de discurso son útiles para entender la sutilidad y las imbricaciones del tema.

En este trabajo trataremos de introducir las múltiples aristas del problema de la inseguridad en el Uruguay de la última década. Dos problemáticas guiarán nuestra reflexión: ¿Cómo un país considerado como uno de los más seguros de América Latina puede tener de los índices más altos de sensación de inseguridad ciudadana? Se trata aquí de esclarecer el eje violencia-criminalidad-seguridad. ¿En qué sentido la problemática de la inseguridad deja de ser un problema social para volverse una fuente de conflicto político cuando es apropiada y gestionada por los agentes institucionales (partidos, gobiernos)?

 

I. La realidad delictiva: evoluciones de la violencia y de la criminalidad

 

A)    Un nuevo tipo de violencia relacional en la sociedad uruguaya.

 

La violencia no es un fenómeno que emerge en la actualidad en la sociedad y en la vida política uruguaya. En los años 60 y 70 se difundió en el país una importante violencia política y social asociada a la dictadura militar. Se trataba de la violencia del Estado hacia el individuo, manifestada a través del sistema penal represivo y de la institución carcelaria. Ese tipo de violencia podía tomar dos formas: la violencia del Estado sobre la persona, a través de la tortura y  de la represión, o la violencia del Estado hacia el grupo, a través del Terrorismo de Estado.  En ésta época también se vivió la violencia del grupo hacia el Estado, bajo la forma de la guerrilla.[4]

En los años 80 y partir de la democratización la sociedad uruguaya sufre importantes transformaciones. En un contexto de inflación y de políticas de ajuste estructural y fiscal, nuevos fenómenos sociales emergen, como la fuerte emigración. Otros fenómenos socio-económicos, como el desempleo aumentan mientras se van haciendo cada vez más visibles los efectos nefastos que la dictadura dejó en el ámbito económico y social en el país, aumentando radicalmente las desigualdades sociales. En este contexto, una de las consecuencias más relevantes del proceso autoritario y de la época de reformas estructurales liberalizadoras es el incremento de la pobreza y de la desigualdad.

Asimismo, esta época de pos-apertura democrática se caracteriza por la multiplicación de un nuevo tipo de violencia directa del individuo sobre el individuo. Se trata de un nuevo tipo de violencia, ya que por primera vez no se justifica por motivos ideológicos o políticos. La originalidad de esta violencia reside también en el alcance que tiene en el espacio público. Si antes se trataba de una violencia ocultada, omnipresente pero invisible, ahora asistimos a un tipo de violencia que sucede en el espacio público, en la calle, en la escuela. Este nuevo tipo de "violencia relacional"[5] impacta todos nuestros espacios de socialización y se transforma en lo que podríamos llamar una "cultura de la violencia", una nueva manera radical de relacionarse y de comunicarse socialmente. Es en esta interpretación de la violencia como una herramienta en los espacios de socialización que se podría incluir el incremento impresionante que ha tenido la violencia de género en el Uruguay de los últimos tiempos.

 

B)    El incremento reciente de la criminalidad violenta.

Las evoluciones estudiadas de la violencia son fenómenos sociales generales que no se limitan a la criminalidad. En otras palabras, no toda la violencia que emerge desde los años 80 se debe a delitos y a crímenes, como ya dijimos, se trata más que nada de una violencia en el espacio público que se va instalando e impactando en las relaciones sociales. Sin embargo, en la última década la criminalidad también ha ido aumentando, y lo que es más significativo, la criminalidad se ha vuelto cada vez más violenta.

En efecto, en el Uruguay de los últimos tiempos la mayoría de los delitos tienden a crecer[6]. Se han mantenido relativamente estables los homicidios, alrededor de 6 cada 100.000 habitantes, pero se incrementaron las denuncias por lesiones, violencia doméstica y principalmente rapiñas. En efecto, el incremento en rapiñas es el más significativo, no sólo por la cantidad (de 16,7 rapiñas cada 100.000 habitantes en el 1990 se pasa a 56,5 rapiñas en el 2005) sino también porque el componente violento  juega un rol importante en este tipo de delito, que se podría resumir a un robo donde la víctima es atacada y resulta herida. Este delito que ha aumentado más significativamente se concentra en la capital del país y está efectuado en gran parte por jóvenes menores de 29 años.

Las causas del aumento de la criminalidad y del componente violento en ella están íntimamente relacionadas con las realidades económicas y sociales. En efecto, estudios comprobaron que en Uruguay el número de rapiñas aumenta cuando los indicadores de  las condiciones socioeconómicas se deterioran, sobretodo cuando el desempleo aumenta[7].En efecto, la gran parte de los delitos se efectúan contra la propiedad, es decir que se busca obtener algún objeto que después podrá ser revendido en el mercado negro y aportará un ingreso.

Tomando en cuenta las estructuras sociales, la violencia y la criminalidad se originan en la exclusión social. Es así que en los últimos veinte años se han desarrollado múltiples factores de riesgo para el desarrollo de la violencia y del delito, como por ejemplo la infantilización de la pobreza, el desempleo juvenil, la desafiliación institucional de los jóvenes al mercado laboral y al sistema educativo, el deterioro del espacio urbano, etc.

En definitiva, el incremento del crimen y de la violencia social constituye un primer elemento, sobre todo empírico, que explica la percepción de inseguridad por la ciudadanía y la difusión de miedos colectivos. Sin embargo, la sensación de inseguridad sigue siendo desproporcionada con respecto a los índices de criminalidad, sobre todo tomando en cuenta la realidad criminal de otros países latinoamericanos. En definitiva, no se puede reducir la inseguridad a la realidad delictiva y al temor de ser víctima de una infracción.

 

 

 

II. La inseguridad ciudadana: orígenes, manifestaciones y efectos.

 

A) La sensación de inseguridad, entre realidad objetiva y sensación térmica

Como vimos, algunos datos empíricos de la evolución de la criminalidad justifican, pero sólo parcialmente, la emergencia de esa sensación ciudadana. En otras palabras, ¿cuál es la parte de sensación y cuál es la parte de realidad en lo que concierne al problema de la inseguridad? Se trata aquí de abordar el problema de la inseguridad ciudadana desde una perspectiva cualitativa.

En los años 80 surge la expresión "sensación térmica" en el medio académico uruguayo para caracterizar la manera como los medios de comunicación y algunos discursos políticos se apropiaban de la problemática de la inseguridad y la amplificaban generando un impacto excesivo en la sociedad, desproporcionado con respecto a la realidad. Hoy en día, el término ha vuelto, a veces utilizado por miembros del gobierno contra la oposición, o simplemente rondando las múltiples interpretaciones del fenómeno.

Es así que el tema de la inseguridad se encuentra en la encrucijada entre realidad objetiva y percepción subjetiva. Sin embargo para avanzar en nuestra reflexión es necesario comprender que "la sensación de seguridad no es exactamente proporcional a los peligros reales que amenazan a una población. Es más bien el efecto de un desfase entre una expectativa socialmente construida de protección y las capacidades efectivas de una sociedad dada para ponerla en funcionamiento"[8]. Más allá de saber si la inseguridad pone en juego temores desmesurados o miedos razonables, se entiende que mientras las percepciones sociales existan, éstas son significativas y reales en sus consecuencias. Es interesante, retomando la cita de Castel, saber cuáles son las "expectativas socialmente construidas" que en el caso uruguayo se fueron deteriorando hasta crear ese desfase y esa amplificación del miedo social. En Uruguay, tanto la dictadura como la democratización, tuvieron, como lo vimos, importantes impactos sociales. Estos impactos se tradujeron en un deterioro estructural profundo que rompió la representación que los uruguayos tenían del Estado protector y de la sociedad amortiguadora. El deterioro social con los años se fue haciendo más visible, y hoy es justamente esa confrontación a un modelo de Estado y de sociedad que ya no es más lo que genera un profundo malestar social, subjetivo y resentido, al origen de la sensación de inseguridad[9]. Las palabras de Morás son esclarecedoras en ese sentido: "La memoria biográfica de una sociedad relativamente integrada, que amortiguaba -o eludía- sus conflictos, y que no necesitaba rejas, muros o alarmas para sentirse segura, está presente aún. (...) Las personas hacen su evaluación de la seguridad ciudadana actual tomando como parámetros la realidad nacional ya remota pero vivida como pasado reciente". En definitiva, la sensación de inseguridad de la población uruguaya va más allá de la criminalidad y hasta de la normalización de la violencia. La inseguridad refleja, según esta perspectiva, un malestar profundo, acumulado durante años, que manifiesta la crisis de un modelo de sociedad y de Estado. El miedo colectivo es la prueba de las grietas de una sociedad que ya no es híper-integrada ni amortiguadora como lo era antes. Puede que haya un desfase entre los datos objetivos de la criminalidad y la sensación de violencia y de miedo en la población, ese desfase existe porque los uruguayos y las uruguayas comparan la situación actual con la del país hace más de cuarenta años, una época nostálgica y glorificada en la memoria colectiva, "cuando sí se podía hablar de una sociedad más integrada y menos conflictiva".

 

B)    La inseguridad, primera fuente de preocupación ciudadana: manifestaciones y efectos

Durante varios años la principal fuente de preocupación de los uruguayos y uruguayas fue el desempleo. A partir del 2008, encuestas han revelado que la delincuencia y la criminalidad son los temas que generan más preocupación y de una manera homogénea en la sociedad. En definitiva, el tema de la inseguridad preocupa a las personas de todas las clases sociales y a los votantes de los diferentes partidos del espectro ideológico[10].

Una de las manifestaciones recientes de esa preocupación social es la movilización ciudadana a través de las nuevas marchas por la seguridad. Las marchas por la seguridad se convocan por las redes sociales y juntan a vecinos y a vecinas de un mismo barrio, que se reúnen a protestar contra la inseguridad, demandando un endurecimiento de las leyes y más presencia policial. Las marchas por la seguridad se efectúan en los barrios más favorecidos de Montevideo, como por ejemplo Pocitos o Carrasco, y cuentan con una gran visibilidad mediática.

Otra manifestación ciudadana del descontento con la inseguridad es la utilización de las redes sociales. Se destaca por ejemplo la creación en abril del 2010 de un grupo de Facebook llamado Uruguay Seguro, integrado hoy por 1000 personas. El propósito de este grupo es compartir las experiencias de inseguridad, repertoriar las demandas que se hace al gobierno, y organizar las marchas por la seguridad. En una carta del 18 de abril del 2012 dedicada al Presidente Mujica y publicada en  Uruguay Seguro por el coordinador del grupo se lee: "Hoy en día vemos que la sociedad está dividida en dos, por un lado la gente trabajadora, honrada, honesta y en su gran mayoría humilde, que es la clase que no hace más que cumplir con su tarea y pagar los tributos al día, que somos los "ENREJADOS" y, por otro lado los criminales organizados y los zánganos sin hábito de trabajo que banca el Estado, o sea los "INTOCABLES". En general, este tipo de repertorios dejan entender que la opinión pública de las personas que deciden movilizarse expresa un alto grado de intolerancia, de estigmatización, y exige el aumento de la represividad.

Al mismo tiempo, la explosión mediática alimenta la sensación de inseguridad y las representaciones sociales acerca de la cuestión. En efecto, los temas vinculados con la inseguridad se han convertido en uno de los espectáculos mediáticos que mayor audiencia captura, contribuyendo así a configurar una sensación térmica de inseguridad.

Los efectos de la sensación de inseguridad, por su parte, son variados. Por un lado, la explosión del miedo social  consolida un importante mercado privado de la seguridad.  Es así que los sectores más favorecidos de Montevideo sur cuentan con servicios de seguridad privada (rejas, alarmas, perros, cercas eléctricas, cámaras de monitoreo). Por otro lado, la sensación de inseguridad hace que la población se segmente territorialmente. Los sectores más ricos de la sociedad abandonan los barrios integrados al centro de la capital para ir a instalarse a countries, barrios privados y cerrados[11]. Estos dos resultados de la inseguridad tienen como efecto incrementar las asimetrías sociales y la desigualdad, generando un círculo vicioso: cuanto más se intenta salir de la exposición al miedo social, más condiciones de desigualdad se crean, alimentando lo que está al origen de la criminalidad y de la violencia.

El malestar social, originado en la crisis de un modelo de Estado y causa profunda de la sensación de inseguridad ciudadana, repercute directamente en una crisis de credibilidad y de legitimidad de las instituciones del control social. La Justicia, la policía, las cárceles...toda la institucionalidad existente es interpelada por la ciudadanía que ve al Estado desbordado por la violencia y la criminalidad. La encuesta ya citada de junio del 2010 reveló que un 65% de los uruguayos y uruguayas reclaman a la policía mayor dureza con la delincuencia, mientras que un 78% está de acuerdo en que la legislación debería ser más dura, y finalmente un 90% opina que los jueces deberían ser más estrictos en la aplicación de la Ley. ¿Cuál es la capacidad de las diferentes instituciones de apropiarse del tema, de proponer soluciones alternativas, y hasta de reinventarse afrontando la crisis de legitimidad de la que sufren?

 

III. El tratamiento institucional

 

A) La politización de la inseguridad

La inseguridad, al ocupar ampliamente el espacio público, se vuelve un tema extremadamente politizado. En efecto, la seguridad se ha convertido en una eficaz herramienta de obtención de votos y ocupa un lugar privilegiado en las agendas electorales de la región.[12] Ante la ineficacia general de las instituciones gubernamentales en enfrentar el tema, y el creciente reclamo popular por respuestas rápidas, en el continente se han instalado agendas electorales de mano dura  y de endurecimiento de las penas. En algunos casos ese tipo de propuestas reactivas también acompañan los programas de presidentes progresistas, como fue el caso en Argentina en la elección de Kirchner del 2004. En efecto, uno de los pilares del programa de Kirchner fue un "Plan estratégico de justicia y seguridad nacional" que proponía cambios legales en el endurecimiento de las penas, el aumento de las condenas y la baja de la imputabilidad penal.

En el caso uruguayo, el tema de la inseguridad estuvo presente en las elecciones presidenciales del 2009, pero no se llegó al punto donde una campaña contra la inseguridad fuese el pilar de las agendas electorales: la división entre la izquierda y la derecha se jugó más con respecto al reforzamiento del Estado contra la liberalización y la reducción del gasto público.

Sin embargo, los partidos políticos y en gran parte la derecha uruguaya, que ha constituido la oposición en los últimos dos gobiernos, se ha apropiado y ha interpretado la problemática de la inseguridad según sus concepciones tradicionales. El discurso político conservador, encarnado por la derecha uruguaya en estos últimos años, ha propuesto tradicionalmente la disminución de los niveles de tolerancia represiva del Estado, el aumento de los castigos penales y bajar la edad de imputabilidad como soluciones a la inseguridad[13]. La inseguridad ha sido utilizada como una herramienta de oposición al gobierno, lo que quedó claramente expuesto a lo largo del gobierno de Tabaré Vásquez, cuando la oposición le pidió reiteradamente al Ministro del Interior José Díaz que renunciara ya que consideraban que no apelaba a la fuerza para evitar la inseguridad creciente y le adjudicaban falta de autoridad y firmeza para llevar adelante el cargo[14].

Esta visión punitiva como solución al problema de la inseguridad ha vuelto a quedar manifiesta muy recientemente con la campaña para la baja de la edad de imputabilidad. En la actualidad, la edad de imputabilidad es de 18 años en Uruguay. La reforma encabezada por el partido Nacional  y el Colorado apunta a bajar ese límite a 16 años en casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, secuestro y violación, entre otros delitos. Además, aspira a mantener los antecedentes de los menores que hayan delinquido cuando éstos cumplen la mayoría de edad, y crear un instituto de rehabilitación especializado independiente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU). Los líderes de estos partidos tradicionales de derecha, Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry, fueron los promotores de la denominada Comisión Nacional para Vivir en Paz, con el objetivo de juntar firmas para realizar un referéndum de iniciativa popular[15]. El pasado 17 de abril del 2012 se juntaron las 350 000 firmas que, luego de ser verificadas por la Corte Electoral, probablemente desencadenarán un referéndum que se hará con las elecciones presidenciales de 2014. Evidentemente, la baja de la imputabilidad es un tema crucial que divide las aguas en el debate público, y así como genera mucha adhesión por un lado, también provoca un fuerte rechazo por el otro. Ya en abril del 2011 UNICEF lanzó un comunicado diciendo que cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos violará los compromisos surgidos por el estado uruguayo ante la comunidad internacional, específicamente ante la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay el 28 de setiembre del 1990[16]. Además, la mayor oposición a la campaña de la baja de edad de imputabilidad ha venido de la izquierda, es decir del Frente Amplio.

 

B) Las políticas públicas de seguridad ciudadana: la izquierda al poder

La relación que el Frente Amplio ha tenido con la problemática de la inseguridad ha sido, tradicionalmente, una postura donde se privilegia la prevención antes que la represión. Cuando Tabaré Vásquez asumió la presidencia el primero de marzo del 2005, pronunció: "Seremos severos, muy severos con la delincuencia, pero seremos implacablemente severos con las causas que llevan a la misma"[17], es decir que el hincapié se ponía en ese entonces en las causas sociales que rodean al delito. El enfoque socio-económico de la delincuencia era inédito hasta ese entonces, ya que los gobiernos de derecha de después de la democratización habían privilegiado una política criminal de corte punitivo, un ejemplo de esta política fue la Ley de Seguridad Ciudadana de 1995, que aumentaba las penas de prisión[18].

La gestión de Tabaré Vásquez propone entonces cambios significativos en el abordaje de la inseguridad ciudadana. En este sentido, las líneas estratégicas de la actuación del Ministerio del Interior fueron, en primer lugar, la investigación sistemática de las principales dimensiones de la seguridad ciudadana, a través de la creación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, un organismo de acceso libre que sistematiza y actualiza trimestralmente toda la información estadística que gestiona el Ministerio del Interior. Se trata, en efecto, de un insumo clave para la comprensión de la realidad y la toma de decisiones públicas. Otro pilar de la estrategia del Ministerio fue su reorganización institucional y la reorganización de la Policía Nacional  con el objetivo de democratizar las instituciones: renovar y organizar los textos normativos en el área de la seguridad desde en enfoque del respeto de los derechos humanos, sobretodo racionalizando el uso de la fuerza por la policía. Desde esa óptica se elaboró una nueva Ley Orgánica Policial, un Código de Ética Policial y una nueva ley de procedimiento policial. También se mostró la voluntad de incorporar la perspectiva de género en la implementación de normativas y  de políticas públicas.

Por último, se diseñaron e implementaron mecanismos de participación ciudadana en asuntos de seguridad, como las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Estas Mesas constituyen un espacio de intercambio y de participación entre diferentes actores sociales para trabajar en torno a los temas de convivencia y seguridad desde un enfoque local. Están integradas por la seccional de policía del barrio, representantes de los Consejos Vecinales, representantes de las instituciones a nivel local y vecinas y vecinos que quieran participar[19]. El concepto clave de esta estrategia innovadora es apostar al empoderamiento y a la organización territorial de la ciudadanía para encarar la inseguridad. Para resumir, la gestión de Vásquez implementó profundos cambios institucionales de mediano y largo plazo, democráticos e innovadores. Sin embargo, en el tema de la inseguridad ciudadana existe un evidente conflicto en la articulación de los tiempos, las reformas institucionales pueden verse "ineficaces" a los ojos de una ciudadanía que demanda seguridad urgentemente.

Para conciliar esta articulación de tiempos, y evidentemente para mantenerse al poder, se podría decir que la izquierda ha ido evolucionando en sus visiones tradicionales con respecto a la inseguridad. Concretamente, la izquierda sigue defendiendo la visión según la cual la prevención es el mejor remedio para la inseguridad a largo plazo. Sin embargo, no se pueden ignorar las demandas de la ciudadanía que pide más represión. La manera de hacer frente a la inseguridad es entonces equilibrar la prevención, pensando en el futuro, con la represión, atendiendo las necesidades del presente. El gobierno actual de Mujica y la gestión tanto de Daisy Tourné como la de Eduardo Bonomi como Ministros del Interior han puesto en evidencia esos cambios. A niveles de abril de 2010 Tourné introdujo los operativos policiales llamados "operaciones de saturación", donde la policía penetra con importantes efectivos en barrios capitalinos donde se ha advertido un aumento de la delincuencia y realiza inspecciones domiciliarias con el objetivo de bloquear el accionar de los delincuentes y capturarlos[20]. En julio del 2011, una encuesta reveló que los operativos de saturación contaban con el apoyo del 86% de los habitantes de los barrios donde se realizaron[21]. Se trata entonces de una política dinámica, que modifica las zonas de actuación en base a las necesidades del momento, y que obviamente busca reprimir la delincuencia.

Pero como vimos, para la izquierda la inseguridad no sólo se soluciona con represión. Quizás la prueba más visible de esa afirmación sea la importancia que ha cobrado para el gobierno de Mujica la reforma de la educación. La igualdad en el acceso a las oportunidades educativas es, a largo plazo, una manera de combatir también la delincuencia y la inseguridad de hoy.

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA.

 

CAMPANNELLA, Jorge. "Una aproximación económica a los determinantes del delito en Montevideo en el período 1986-2005" en Paternain, R. y Sanseviero, R. (coord.) Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay ¿Qué tienen para decir las ciencias sociales?, FESUR, Montevideo

 

CASTEL, Robert. (2004) "La Inseguridad Social ¿Qué es estar protegido?", Manantial, Buenos Aires.

 

DAMMERT, Lucía (Ed.)(2010)"Violencia e Inseguridad ciudadana en las Américas", Lima.

 

DAMMERT, Lucía y DÍAZ, Javiera. "¿Politización de la seguridad o securización de la política?" Boletín del programa Seguridad y Ciudadanía n.2, mayo 2006, Buenos Aires.

 

MORÁS, Luis Eduardo (2008) "La inseguridad en tiempos de vecino alerta y ciudadano firme" en Paternain, R. y Sanseviero, R. (coord.) Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay ¿Qué tienen para decir las ciencias sociales?, FESUR, Montevideo.

 

PATERNAIN, Rafael (2007) "Violencia e inseguridad en el Uruguay del futuro. Tres escenarios y una política" en Arocena, Rodrigo y Caetano, Gerardo (coord.), Uruguay: Agenda 2020, Taurus-Santillana, Montevideo.

 

RICO, Álvaro. "Violencia simbólica y proceso sociopolítico" en  Paternain, R. y Sanseviero, R. (coord.) Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay ¿Qué tienen para decir las ciencias sociales?, FESUR, Montevideo

 

SANSEVIERO, Rafael (2006) "Institucionalidad Pública en el Ámbito de la Seguridad Ciudadana; entre las intenciones y las tensiones en Uruguay", Montevideo.

 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

 

Uruguay decidirá si baja la edad de imputabilidad, 17/04/2012. http://america.infobae.com/notas/48553-Uruguay-decidira-si-baja-la-edad-de-imputabilidad

Operativo policial de saturación en Barrio Maconi, 28/7/2011. http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=218094&sts=1

La izquierda cambió su enfoque tradicional sobre la seguridad, del Observador, 10/4/2011 http://rigofa2011.blogdiario.com/1302435415/

Comunicado UNICEF, abril 2011. http://www.elpais.com.uy/110406/ultmo-558367/ultimomomento/Unicef-advierte-a-Uruguay-por-baja-de-la-imputabilidad/

Equipos MORI, junio 2010: http://www.equipos.com.uy/noticia/visiones-sobre-la-inseguridad-y-las-formas-de-combatir-la-delincuencia

Saturación" policial señala nueva actitud ante el delito. Últimas Noticias, 23/4/2010 : http://www.ultimasnoticias.com.uy/editoriales/edit1904E1.html

Uruguay es el País más pacífico de América Latina,  junio 2008. http://www.elpais.com.uy/081211/ultmo-386751/ultimomomento/uruguay-es-el-pais-mas-pacifico-de-america-latina