Colombia: un ejército para la guerra y para la paz

« A paz queremos com fervor, a guerra so nos causa dor

Porem si a pátria amada fosse um dia ultrajada lutaremos sem temor ».

 

Este primer verso del himno del ejército brasileño pone de relieve el objetivo último de los militares que es luchar por la paz y asegurar la protección de un territorio determinado. Sin embargo, esta función puede verse debilitada en un país en paz y cuyo territorio esté sujeto a mínimas amenazas que no justifiquen la intervención de las fuerzas armadas. Si la función del ejército en un país es luchar para alcanzar la paz, que pasa con este último cuando la paz, ausencia de guerra, ha sido alcanzada y las potenciales amenazas son neutralizadas. Las fuerzas armadas desempeñan una labor no negligente de prevención y preservación en situaciones de paz, el papel y la posición de esta institución se transforma radicalmente. En una guerra en la que dos Estados o más se enfrentan en un conflicto bélico, los militares tienen en sus manos la reafirmación del monopolio de la violencia física del Estado que se ha visto cuestionado, las fuerzas armadas representan los intereses de una población civil que se identifica con la lucha y sacrifican sus vidas tanto por la patria como por la vida y la dignidad de cada uno de los ciudadanos. En contraste, la labor de las fuerzas militares se ve reducida a un segundo plano en situaciones de paz: la labor preventiva de los militares deja de ser un vector primordial en la estrategia del Estado y por lo tanto hay un desprestigio de la institución en la perspectiva de la población civil. 

        En Colombia el Ejército, pese a ser la institución más antigua del país, estuvo particularmente debilitado desde principios del siglo XX.  “En 1927, Colombia tenía el ejército más reducido y un presupuesto militar que era el más bajo –proporcional a su población- en toda América del Sur.”[1]

Esta situación fue posible gracias a la confianza de la clase política en la capacidad de la diplomacia en resolver potenciales altercados y en la marginalidad territorial de los grupos insurgentes.

       No obstante, el país se ha visto enfrentado a un conflicto armado desde 1958 con el comienzo del Frente Nacional [2]

. Este pacto de 16 años entre liberales y conservadores tuvo como consecuencia el desgaste de los partidos tradicionales y una amplia parte de la población civil no sintiéndose representadas por ninguna de estas dos corrientes.  Movimientos armados revolucionarios surgen, a mediados de los años 60 como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) orientándose hacia una corriente Marxista Leninista en 1964 y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) de tendencia castrista en 1965[3]

. Frente a la impotencia del Estado en su lucha contra estos grupos insurgentes, se organizan grupos de latifundistas con el primer propósito de defender sus tierras por sí mismos: las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), “grupos que ejercen un tipo de violencia de corte conservador que buscan mantener el orden político establecido”. La problemática de este nuevo tipo de grupo armado resulta particularmente compleja debido que en su origen, los grupos paramilitares son legales y legitimados por el gobierno de Guillermo León Valencia durante el Frente Nacional. Este último estableció el marco jurídico propicio para la creación de estos grupos: el decreto 3398 pronunciado el 24 de diciembre de 1965 establece que “todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a cooperar en “Defensa Nacional”.”[4]

 Este marco jurídico que define la creación de organizaciones civiles y de ejércitos privados, pone en evidencia la impotencia del Estado en el conflicto y la pérdida del monopolio de la violencia física de este último. El conflicto toma una envergadura mayor a partir de los años 80 con el auge del narcotráfico, especialmente en la región del Magdalena Medio. El vínculo con este fenómeno les garantiza a grupos insurgentes financiación tornándolos incluso más amenazantes para la seguridad nacional. El conflicto armado colombiano resulta particularmente complejo por las dificultades que surgen a la hora de definirlo. No se trata de un conflicto entre Estados, ni de una guerra civil, ni tampoco de una lucha contra el terrorismo. Estas dificultades se ven reforzadas con la llegada de la globalización a partir de los años 2000, con una evolución a nivel mundial de tanto los desafíos como las formas de las guerras. La complejidad de esta “guerra” adicionada a la multiplicidad de actores hace que la función de la institución militar sea ambivalente igualmente. A la vez es el ejército de un Estado consolidado luchando por recuperar el monopolio de la violencia física de este último, y un grupo más del conflicto que lucha por los intereses de una categoría particular de la población.

     En contraste con el principio del siglo XX, la situación del ejército en Colombia cambia radicalmente a partir del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) debido a tres factores principales. Primero, hubo un aumento espectacular de los recursos de los grupos insurgentes debido a nexos con el narcotráfico desde la década de los 80’s. Por otro lado, con el fin de la Guerra Fría en 1991, Estados Unidos dejó de financiar golpes militares en América Latina, por lo tanto, las Fuerzas Militares dejan de representar una amenaza de derrocamiento para el gobierno. Además el ámbito militar se convierte en vector de la relación diplomática entre Colombia y Estados debido a la ayuda propiciada por el gobierno americano.  Y finalmente, debido a la presencia de grupos insurgentes en zonas de alto potencial económico resulta cada vez menos ventajoso para el gobierno no tener acceso a esos territorios[5]

. A partir del gobierno de Pastrana y especialmente con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez, en agosto de 2002, el ejército se convierte en el vector a través del cual se va a alcanzar el debilitamiento de los grupos insurgentes y la paz en el largo plazo. Sin embargo, en octubre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos Calderón se embarca en una estrategia de alcanzar la paz por vía negociada en una mesa de diálogos en Oslo, Noruega y en La Habana, Cuba. El ejército colombiano pasa en un periodo inferior a diez años de ser el vector de la paz, el protagonista luchando por derrotar a la peor amenaza que ha enfrentado Colombia en los últimos 100 años, y fuente de esperanza para el pueblo colombiano, a desempeñar una labor de segundo plano asegurando la seguridad de la población civil mientras que la paz es firmada por otros actores por vía negociada. Es este contraste entre la posición del ejército en situación de guerra frente al marco del proceso de paz que explica la ferviente oposición de este último a las negociaciones llevadas a cabo en La Habana.

 

El Ejército como vector de la estrategia pacificadora y de seguridad de Uribe 

     A principios de los años 2000, la situación en Colombia está particularmente delicada, especialmente frente al fracaso de las negociaciones de paz emprendidas por el gobierno de Andrés Pastrana en el municipio del Caguán.  La ambigua estrategia de las FARC consistía en por un lado, expresar una firma voluntad de hacer la paz en el Caguán y frente a la opinión pública internacional, y por otro lado continuar expandiendo su dominio de territorio por la vía armada. Este doble juego produjo un desencantamiento de la opinión pública con los procesos de paz negociados. Estos antecedentes explican en cierta manera la victoria electoral en las elecciones de 2002 del candidato conservador: Álvaro Uribe Vélez. Este último es elegido con un programa de debilitar y derrotar tanto a las FARC como a otros grupos mediante la lucha armada. Las fuerzas armadas se convierten por lo tanto en un vector fundamental de esta política que se vieron cada vez más fortalecidas y con importancia dentro de la escena política. Esta estrategia permitió el debilitamiento de una parte considerable de la guerrilla y la recuperación de extensas superficies de territorio, no obstante, este exceso de poder produjo desbordamientos con repercusiones perversas en términos de democracia y derechos humanos.

 

A.  

Las Fuerzas Militares: una institución cada vez más fortalecida 

          El Plan Colombia es una ley sancionada el 13 de junio de 2000 por el presidente norteamericano Bill Clinton para proporcionar apoyo a Colombia en el marco del conflicto armado, especialmente en el ámbito militar. Este acuerdo bilateral fue firmado en Colombia por el expresidente Andrés Pastrana con el fin de fortalecer al Estado Colombiano y acabar con el conflicto armado y el narcotráfico. Al tratarse de recuperar el monopolio de la violencia física del Estado, las fuerzas armadas pasan a desempeñar un papel de primera plana. Una de las estrategias es este plan consistió en reestructurar y fortalecer las Fuerzas Armadas con el fin de convertirlas en una institución capaz de devolverle al Estado el control sobre el territorio y de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Este último introduce una nueva dimensión de lucha contra el narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas. Este plan resulta totalmente convergente con la política de Uribe de debilitar las organizaciones “terroristas” mediante operaciones militares. En el marco del Plan Colombia, Roger Noriega, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en una declaración frente a la Comisión de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó la necesidad de reforzar la ayuda proporcionada por los Estados Unidos al gobierno colombiano y en especial a las fuerzas militares. “"El presidente Uribe mira hacia adelante, trazando el mapa de una estrategia para basarse en los éxitos del Plan Colombia, proyectado originalmente como un plan de seis años que termina en 2006. Esperamos dirigir mayores recursos colombianos a la tarea de acabar con cerca de medio siglo de violencia e ilegalidad. Él y sus sucesores necesitan el apoyo continuo de Estados Unidos para llevarla a cabo". (…)Por esta razón, este año solicitamos un aumento modesto de la cantidad de personal estadounidense de apoyo en Colombia. (…)De acuerdo con eso, hemos pedido que en la Ley de Autorización de Defensa de 2005 se incluya un texto que aumente a 800 la cantidad de personal militar permitido, y a 600 la cantidad de contratistas civiles permitidos. Les urjo a que apoyen esta medida"[6]

. En el marco del Plan Colombia, no solamente existe una ayuda por parte de los Estados Unidos sino que el gobierno estadounidense se muestra enfático en la necesidad imperativa de duplicar los gastos militares por parte del Estado colombiano con el fin de alcanzar un mejor desarrollo de la estrategia conjunta. Según el director de la Oficina Nacional para el Control de Drogas, John Walters, en una entrevista con el diario The Miami Herald afirma que “el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que Colombia destina a gastos militares y de seguridad, que no están en el nivel de un país en estado de guerra.”[7]

Colombia invierte en 2002 3,5 % del PIB en gastos militares, sin embargo, de acuerdo con Walters este debería alcanzar por lo menos 7% debido que el gasto estadounidense es de 12% en tiempos de guerra. El tema de la militarización en Colombia no solamente involucra a Colombia y a Estados Unidos sino que este estrecho vínculo en Colombia es percibido con reticencia por países vecinos y por organismos de cooperación regional como es el case de la UNASUR. El tema de la influencia militar norteamericana en Colombia suscita tanta controversia que en 2009 Colombia amenazó con dejar la organización debido que los países miembros de esta última no dudan en expresar su preocupación frente a la presencia estadounidense, sin embargo, no brindan ningún apoyo que garantice la estabilidad y la seguridad para Colombia.[8]

  En contraste, la ayuda proporcionada por los Estados Unidos sobrepasa en términos económicos los 1000 millones de dólares, ubicando a Colombia como tercer mayor receptor de ayuda de Estados Unidos detrás de Israel y Egipto[9]

. 

        Durante el gobierno de Uribe, efectivamente, el porcentaje militar del PIB aumenta considerablemente, hasta el punto de poder utilizar el término de “presupuesto militarizado”. Los gastos militares entre 2002 y 2010 pasaron de 11.003 miles de millones a 23.065 miles de millones, un crecimiento anul de 4,76%. Entre 2002 y 2010, Colombia tiene las cifras de gasto militar más altas del continente suramericano: un grupo de países tienen un gasto militar inferior a 1%: El Salvador, Argentina, Paraguay, México, el siguiente grupo se encuentra entre 1% y 1,5%: Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, luego sigue Chile con 3,5% y finalmente Colombia con 5,47%.  Incluso 2006 llegó a ocupar el puesto 17 con el mayor tamaño de las fuerzas armadas y en 2008, Colombia llegó a ocupar el décimo lugar con mayor gasto militar a nivel mundial superado por: Arabia Saudita, Israel, Omán, Chad, Jordania, Georgia, Eritrea, Irak y Emiratos árabes Unidos. “En los ocho años de gobierno de Uribe, Colombia ha destinado al gasto militar aproximadamente 100.000 millones de dólares, sin incluir otros costos como los daños a la infraestructura,     los secuestros, los delitos conexos al conflicto, las muertes y los costos en seguridad por el sector privado”.[10]

Gastos en defensa y seguridad en Miles de millones de pesos

	2002 (miles de millones de pesos)	Porcentaje PIB	2010 (miles de millones de pesos)	Porcentaje PIB
Ministerio de defensa	6016	2,94	12.077	2,60
Plan Colombia	1016	0,5	1100	0,24
Total	11003	5,38	22,065	4,97

Fuente: Cálculos con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

       En esta misma óptica, existe durante el gobierno de Uribe una voluntad de fortalecer las fuerzas armadas desde una perspectiva más simbólica con el objetivo de aumentar el prestigio de la institución. El eje central de la política de Uribe Vélez radica en la: política de seguridad democrática. Este concepto creado por Uribe proyecta la seguridad como clave para la democracia, la solidaridad y las libertades. En el marco de esta política, más concretamente a nivel de las fuerzas armadas, se establece un sistema de recompensas para los diferentes organismos militares en terreno, en la medida que estos traigan pruebas de luchar eficientemente en el debilitamiento de las organizaciones “terroristas”. A través de este mecanismo de incentivos el objetivo era generar un sistema de rendición de cuentas para asegurar el control de los militares al igual que la motivación de estos últimos en el día a día. Pero la importancia del ejército en el marco de la Seguridad Democrática no se limita a la lucha contra los grupos insurgentes sino que existe un refuerzo del vínculo entre las esferas civiles y militares. Se establece un sistema de vigilancia fundado en el panoptismo de Foucault en el que los militares están vigilando en permanencia a cada uno de los colombianos. Se crea una imagen de omnipresencia de los militares que cuidan de la población colombiana y son cada vez más cercanos a esta última. Uribe busca crear una sensación de seguridad y la propaganda viene a jugar un papel fundamental en la transmisión de esta labor de los militares y de la sensación de seguridad. “Aunque no nos veas… siempre estamos ahí. Aunque no nos oigas… también estamos ahí. Y aún… en medio de la oscuridad: somos tus guardianes. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional”[11]

. Asimismo, mediante la propaganda el ejército adquiere prestigio en los ojos de la opinión pública debido que los soldados son percibidos como héroes protectores, garantes de la seguridad de todos los colombianos lo que acentúa la imagen democrática de la institución ya que la seguridad es para todos los colombianos. Uribe utiliza diferentes avisos publicitarios no solamente para tornar atractiva la labor del ejército, sino para promover una opinión pública favorable tales como: “Los héroes en Colombia si existen”, “Aunque yo no lo conozco daría la vida por usted”. Esta adaptación del ejército pone en evidencia el carácter tanto social como sui géneris de la guerra en Colombia. Al tratarse de un conflicto no convencional sino de guerrillas y paramilitares, la guerra está mucho más presente en la vida de la población, por lo tanto, el gobierno de Uribe adaptó las Fuerzas Armadas para acoplarse a este carácter indispensable de la guerra y la inseguridad tornándose omnipresentes ellas igualmente.

B.  

Entre éxitos y  desbordamientos de la política de seguridad de Uribe

      Resulta innegable que los incontables esfuerzos del presidente Uribe por alcanzar la seguridad mediante el fortalecimiento de las fuerzas armadas tienen sus frutos. No obstante, el significativo refuerzo de las Fuerzas Armadas condujo a desbordamientos por parte de esta institución ocasionando repercusiones negativas de diferentes índoles.  En el balance de los dos mandatos de Uribe, la seguridad aparece como el principal triunfo de Uribe junto con la economía. En contraste con el año 2002 en el que las FARC estaban en su apogeo disponiendo de un territorio equivalente a la superficie de Suiza y expandiéndose por todo el país, con la llegada de Uribe las FARC están cada vez más acorraladas. Además de estar reducidos en combatientes, se encuentran relegados en el monte y la selva, permitiéndole al Estado recuperar territorio perdido.  En los primeros 6 años del gobierno de Uribe, los secuestros bajaron de 2.883 a poco más de 500 y los atentados de 1.645 a 328[12]

. El éxito de Álvaro Uribe también recae en los contundentes ataques a los jefes de las FARC permitiendo el debilitamiento del grupo a nivel estructural, pues con el tiempo nuevas generaciones han integrado las FARC y eran estos personajes los que aseguraban el vínculo entre los diferentes frentes. Luego del asesinato del segundo de las FARC, Raúl Reyes en el marco de la operación Fenix, en suelo ecuatoriano, un funcionario del gobierno asegura: "Las FARC son hoy bandas itinerantes y dispersas. Tienen serios problemas de comando y control. El jefe mítico es Tirofijo, pero no hay mando unificado, que es lo que intentaba reconstruir Raúl Reyes.”[13]

Durante el gobierno de Uribe no solamente cayó Reyes sino: Iván Rojas, Jota Jota, el Negro Acacio, Martín Caballero y Tirofijo. Las Fuerzas militares jugaron un papel fundamental en estos golpes a los dirigentes gracias al alto rigor de las operaciones de inteligencia. En cuanto al ELN este quedó reducido a su mínima expresión, representando una amenaza mínima para los ciudadanos y para el gobierno. La percepción del gobierno de Uribe Vélez y de la política de seguridad democrática es particularmente positiva en el exterior del país. Tanto en Europa, como lo evidencia el título del artículo del periódico El País: Colombia acorrala la guerrilla, como en el continente americano con la declaración de un alto funcionario de la OEA: “Uribe ha puesto a las FARC a la defensiva. (…)Nunca han estado tan mal desde el punto de vista militar en sus 44 años.”                Una, si no la mayor, victoria de los militares reconocida a nivel internacional tuvo lugar el 2 de julio de 2008: “La operación Jaque”. En esta operación fue liberada la excandidata presidencial Ingrid Betancourt junto con 3 norteamericanos y 11 militares quienes habían estado secuestrados durante 6,9 y 10 años. El éxito de esta operación recae no solamente en los logros alcanzados sino en la humillación que esta última representa para las FARC. Asimismo, esta operación es particularmente bien reconocida en la esfera internacional debido al respeto de los derechos humanos. La operación Jaque ilustra las capacidades, la coordinación y el profesionalismo de las fuerzas armadas, ya que el rescate fue posible sin derramar una gota de sangre ni pagar un solo peso a las FARC. Los militares aprovecharon de la carente unidad dentro de la guerrilla para infiltrarse y hacerse pasar por guerrilleros encargados de realizar un translado. Así lograron trasladar los secuestrados en un helicóptero en manos del ejército. El ejército salió todavía más reforzado de esta operación con el discurso de Ingrid Betancourt quien luego de agradecerle a Dios, todos sus agradecimientos se dirigieron directamente a las Fuerzas Armadas. El título del artículo en script.org al igual que los extractos del discurso. “Ingrid Betancourt, tras su liberación o rescate: gracias a Dios, al ejército colombiano y a la prensa internacional.” “Gracias al Ejército mío, de mi Patria Colombia. Gracias a su impecable operación. La operación fue perfecta.”[14]

Pese a las controversias ligadas a la cruz roja en el helicóptero que se utilizó para la operación simulando una misión humanitaria, la operación Jaque fue un éxito total la institución de las Fuerzas Armadas. Esta operación junto con la operación “Camaleón” en la que 19 secuestrados desde 1998 fueron liberados, son el reflejo de del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, resultado de un largo proceso  iniciado con el Plan Colombia pero requintado con la Política de Seguridad Democrática de Uribe en el 2002.   

       Aunque no se puede negar que los éxitos militares del gobierno Uribe condujeron a un aislamiento de las FARC y a un incremento de la seguridad, es imposible afirmar que el país alcanzó una es realmente seguro y alcanzó la paz duradera. Entre 2002 y 2008 fueron asesinadas 14 mil víctimas civiles. Asimismo, en términos de derechos humanos las cifras de desplazamiento forzado se tornan escandalosas: En 2009, 286 mil 389 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, esta cifra es la misma que en 1999 antes del comienzo del Plan Colombia[15]

. En el periodo entre 2002 y 2009 2,4 millones de personas fueron desplazadas según CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento)[16]

. Fue durante el mandato de Uribe que Colombia se convirtió en el segundo país con mayor tasa de desplazamiento del mundo después del Sudán.  En consecuencia, a pesar de incluir, en teoría, una dimensión social y humanitaria dentro del acuerdo, las políticas aplicadas por el Plan Colombia hacia estos ámbitos fueron mínimas, casi nulas. El hecho de utilizar las Fuerzas Armadas, casi exclusivamente como vector de la lucha contra las guerrillas, tiene costos importantes sobre la población civil en materia de derechos humanos.  Por lo tanto, el hecho de enfatizar excesivamente en la potencia militar, se hizo en detrimento de otros sectores hasta el punto de poderse afirmar que el Plan Colombia fue un fracaso en materia social y humanitaria. La estrategia de Uribe se torna cuestionable no solo por su exorbitante costo social sino por el costo de oportunidad en materia económica. El costo de la inversión destinada a las fuerzas de seguridad varía entre 40 y 50 millones de dólares, recursos que invertidos en educación habrían convertido a Colombia en una potencia regional al nivel de Chile o Brasil[17]

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         Lo más grave de la Política de Seguridad Democrática que incluso resultó escandaloso a nivel nacional fue desbordamiento de las Fuerzas Armadas y abuso de estas últimas en detrimento de la población civil. Las Ejecuciones extrajudiciales mejor conocidas como “Falsos Positivos” evidencian los límites de la estrategia de rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Militares en el marco de la Seguridad Democrática.  En vista que el gobierno estableció los militares como una institución central en el fin del conflicto armado la presión de obtener resultados incrementó, pero lo que condujo directo al desbordamiento fue el mecanismo de rendición de cuentas establecido por Uribe. Recompensas de diferentes índoles eran entregadas a los militares al atacar exitosamente un grupo de guerrilleros. Frente a esta situación miembros del ejército empezaron a asesinar civiles y a camuflarlos para hacerlos pasar por guerrilleros en combate. Estos crímenes se produjeron desde 2002 pero el escándalo estalló en 2008 con el caso de 19 ciudadanos del municipio de Soacha en la localidad de Cuidad Bolívar en el sur de Bogotá. Estos individuos que vivían en condiciones precarias, se les ofreció una suma de 10 millones de pesos por irse a trabajar a la costa Atlántica, sin embargo, los cuerpos de estos ciudadanos empezaron a aparecer camuflados de guerrilleros en el Norte de Santander[18]

. Así los ciudadanos civiles, que a los militares les corresponde proteger, se han vuelto víctimas del engaño y de los abusos de las Fuerzas Militares. Estos eventos ocurrieron de manera prolongada y en diferentes regiones del país, según “la fiscalía existen 1137 víctimas de desapariciones y asesinatos de civiles de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército”[19]

. Las regiones más afectadas por este fenómeno son Antioquia, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Casanare.   Estos eventos tradujeron por reacciones controvertidas tanto sobre los diferentes mandos de la institución como sobre la clase política. Luego de ser revelado el escándalo por la revista Semana, empezaron a surgir presiones por parte de la oposición para destituir a Juan Manuel Santos, ministro de defensa en ese momento. Frente a la renuncia del general Mario Montoya, dirigente del ejército, días después de revelada la noticia, el presidente del partido político Polo Democrático recalcó la importancia de esa renuncia y expresó la necesidad de más renuncias por parte de militares involucrados en estos asuntos. "En un estado de derecho no pueden ocurrir esas cosas. En Colombia nos estanos acostumbrando a que el fin justifica los medios. Esta es una renuncia que ha debido presentarse antes". El ex general Mario Montoya queda desprestigiado luego de ser reconocido por el éxito de la operación Jaque.[20]

El caso de este militar refleja la situación del ejército que luego de ser reconocido a nivel internacional por la “impecable operación” se ve desprestigiado y manchado por las desapariciones. Estos hechos tuvieron implicaciones no solamente a nivel de prestigio sino que la política de seguridad democrática fue penalmente cuestionada. El senador del Partido de La U, Jairo Clopatofsky consideró oportuno no solamente cuestionar a los miembros del ejército ejecutores de dichos actos sino a los mandatarios del gobierno responsables de esta institución. Por consiguiente, la estrategia de Uribe de alcanzar la paz y la seguridad mediante un fortalecimiento excesivo del ejército tuvo desbordamientos y se tornó en objeto de numerosos cuestionamientos poniendo sobre la mesa el tema de la justicia penal militar.

       Frente a la crítica situación que enfrentaba el país en 2002, la estrategia de Uribe de fortalecer las Fuerzas Militares, vector de la lucha del Estado contra el “terrorismo” resulta exitosa en el sentido que debilita las FARC, permite al gobierno recuperar control sobre el territorio e incrementa la seguridad. No obstante, esta estrategia no permitió acceder a una paz duradera. La importancia excesiva atribuida al ejército tuvo repercusiones perversas en términos de derechos humanos que condujeron a un cuestionamiento de las Fuerzas Armadas como institución y a los mecanismos de rendición de cuentas de la Seguridad Democrática. Con las elecciones de 2010 la estrategia pacificadora cambia sustancialmente, pues el nuevo presidente electo Juan Manuel Santos Calderón se embarca en un « proceso de paz » que privilegia la vía negociada. Una mesa de diálogo se establece en la Habana, Cuba donde se busca llegar a un acuerdo con los guerrilleros de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero de ideología castrista) sobre 12 puntos así como definir un marco de justicia transicional para el post-conflicto. Sin embargo, la situación del ejército es un tema fundamental en este cambio de estrategia ya que históricamente los militares han constituido un obstáculo para el proceso de paz. La primera oposición ocurrió en 1984 durante el gobierno de Belisario Betancourt en el proceso de paz con el M-19. El ministro de defensa Fernando Landazábal fue destituido por el presidente después de dudosas declaraciones. Durante el gobierno de Cesar Gaviria, en 1993, los dos negociadores de la guerrilla ( de la corriente de renovación socialista) que se disponían a negociar con el gobierno fueron asesinados por el ejército[21]

. Y finalmente en 1999 durante el gobierno de Pastrana, el ministro de defensa Rodrigo Lloreda renunció en protesta a la no injerencia del gobierno en el Caguán, pues la misión del ejército de luchar por la soberanía del territorio estaba siendo ultrajada.[22]

Con la enseñanza de todos los procesos de paz anteriores, las negociaciones en La Habana resultan particularmente desafiantes, para que este proceso no sea una tentativa fracasada más. El presidente debe a la vez llegar a un consenso con la guerrilla por vía negociada, vector de la paz, y mantener la seguridad y la protección a la población civil.  El ejército continúa jugando un papel fundamental en el éxito del proceso de paz en su conjunto, sin embargo, los militares dejan de ser quienes determinan el fin o la continuación de la guerra ya que estos propósitos se definen en La Habana. Para hacerle frente a esta situación Santos involucra militares a la negociación. Es el caso de Oscar Naranjo y Jorge Enrique Mora, uno de los comandantes más firmes en la lucha contra la guerrilla.

 

La apuesta arriesgada de Santos : proceso de paz en la Habana

        El contraste entre la situación del ejército durante el gobierno de Uribe, la posición de este último cambia radicalmente con la llegada del exministro de defensa: Juan Manuel Santos. Al dejar de ser el vector de la paz, numerosos sectores de las fuerzas armadas se oponen al proceso de paz. Santos reconoce el desafío que este proceso representa para el ejército debido que es difícil mantener motivados los militares sin conocer el futuro que le espera a la institución al terminarse el conflicto. Para enfrentar esta situación y devolverle el prestigio a las Fuerzas Armadas, Santos opta por inscribir estas últimas en una estrategia diplomática: “nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes".[23]

   Así, la cooperación militar con organismos internacionales parece una alternativa para canalizar la potencia militar de Colombia permitiendo salir del conflicto sin oposición por parte del ejército.

 ¿Una nueva oposición al proceso de paz por parte de las fuerzas armadas? 

        Con la llegada de Santos al poder el cambio de la posición de los militares se hizo notable con el recorte del gasto militar. El proceso de paz y el acercamiento con las FARC son la razón por la cual la compra de armamento a la INDUMIL (Industria Militar Colombiana) ha disminuido considerablemente. Mientras que en 2008 la empresa vendió 191.000 millones de pesos en productos militares, a partir de la llegada de Santos, las ventas solo alcanzaron 55.000 millones de pesos. El gasto militar durante el gobierno de Santos ha caído de 72%[24]

.  Santos reconoce el desafío que este proceso de paz representa para las fuerzas armadas ya que es difícil mantener motivadas a las fuerzas armadas. Desde noviembre de 2012 que el presidente Santos informó al país acerca de los diálogos de paz en la Habana, no solamente surgió una ferviente oposición por parte del expresidente Uribe, sino que ciertos sectores de las fuerzas armadas veían con reticencia este proceso.  Con el fin de atenuar estas tenciones Santos afirmó desde el principio de este proceso que el futuro de las instituciones militares no sería debatido con los guerrilleros. Sin embargo, diferentes episodios de oposición por parte de esta institución han transcurrido a lo largo del proceso hasta el punto que se puede hablar del ejército como “campo de batalla”[25]

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Los militares han estado en una situación central en una de las crisis más graves que ha tenido el proceso de paz. El 16 de noviembre de 2014 fue secuestrado el general Rubén Darío Alzate en el municipio Las Mercedes en el departamento del Chocó. Este general se encontraba no solamente fuera de combate sino que no contaba con protección alguna y estaba vestido de civil. Este evento desencadenó una de las crisis de mayor gravedad que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, es la primera vez que un militar de tan alto rango es víctima de un secuestro, esto condujo al presidente Santos a tomar medidas drásticas ya que anuló los diálogos de paz hasta que el general fuera liberado.  Luego de ser liberado el 30 de noviembre de 2014 el general Alzate fue sometido a un juicio para interrogarlo sobre las razones que lo impulsaron a exponerse de esa manera ya que hubo una « violación de todos los protocolos de seguridad por parte de Rubén Darío Alzate”[26]

. Esta actitud de exposición por parte de las fuerzas armadas parece contradictoria con el deber de estas últimas de proteger al país. Frente a la incertidumbre sobre los objetivos del ejército, una hipótesis es la de la voluntad del ejército que se anule el proceso de paz lo cual conduciría los militares a realizar actos provocadores. Esta actitud de este general corresponde más a la línea del presidente Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz[27]

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        Asimismo, diferentes posturas y acciones del exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, parece cuestionar e inclusive oponerse al proceso de paz. El exministro ha hecho declaraciones que se oponen y desautorizan lo que ha sido acordado en La Habana, lo cual resulta particularmente preocupante al tratarse del ministro de defensa ya que este debería mostrar solidez y unión con el presidente. Fue el caso por ejemplo cuando el gobierno permitió que se trajeran diferentes dirigentes de las FARC a la Habana para completar y fortalecer el equipo negociador. Pinzón descalificó esta decisión y calificó los guerrilleros como una banda de “bandidos que salen huyendo del país”[28]

.  Además el ministro reveló dejar al señor procurador: Alejandro Ordoñez hacer todas las investigaciones requeridas sobre la legalidad de estos traslados. La cenadora Piedad Córdoba se mostró inquieta frente a estas declaraciones y afirmó que estas inquietudes el ministro debería discutirlas directamente con el presidente y dejar de “crear avisperos contra la paz”. Las declaraciones de Pinzón incluso llegaron a oídos de los guerrilleros negociadores en La Habana, Iván Marquez declaró: “Nos da la impresión que el ministro de marras no está hablando en la línea discursiva del gobierno, sino subordinado a la línea anti-paz del enemigo público número uno de la solución política, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez”, dijo el jefe insurgente”[29]

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Otra declaración evidenciando no solo el apoyo dudoso sino la oposición de Pinzón al proceso de paz fue en septiembre de 2014 cuando los negociadores del gobierno, parte de las Fuerzas Armadas (Oscar Naranjo, y Jorge Enrique Mora) fueron invitados a hablar delante de todos los generales de la república acerca del proceso de paz. Al final, cuando el exministro de defensa tomó la palabra, declaró: “Señores, acaba de salir el señor Procurador y quiero decir que de todas las personas que hablaron hoy el que mejor refleja nuestro sentir y por eso recibió un aplauso cerrado de todos los generales fue el Procurador”[30]

. Esta declaración de Pinzón parece ir en la corriente opuesta de la de Santos debido que el procurador es el más ferviente opositor al proceso de paz, que ha llegado hasta el punto de invitar a los colombianos y al presidente Santos a levantar la mesa en La Habana. La ilegitimidad de la oposición ejercida por el exministro de defensa es denunciada por la periodista María Jimena Duzán en la revista Semana: “Con un ministro de Defensa dedicado a desautorizar constantemente lo que se acuerda en la Mesa, la oposición uribista parece un juego de niños.” (…) “La oposición uribista está en todo su derecho de cuestionar el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Lo que no tiene ninguna lógica son las continuas descalificaciones que hace el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de todo o casi todo de lo que se acuerda en la Mesa de negociación.”(…) « Ante este realidad, habría que preguntarle al ministro si su fidelidad es para con el presidente Santos o si, por el contrario, está en el bando de los que se oponen abiertamente al proceso ». Otro escándalo que va en ese sentido es el vínculo de las fuerzas militares, con la operación Andrómeda en que la oposición espiaba ilegalmente las conversaciones en La Habana.  En mayo de 2014 fue denunciado el escándalo de las interceptaciones ilegales que se hacían por parte de la oposición y de las plataformas de inteligencia hacia el proceso de paz. Desde un aparente restaurante de comida rápida en el barrio de Galerías en la ciudad de Bogotá, se operaba para chuzar el teléfono de Sergio Jaramillo y de otros negociadores en La Habana[31]

.  Otra vez el ejército, una institución parte del gobierno, está no solamente ligada a la oposición sino que está ocasionando disturbios en una de las misiones más fundamentales del gobierno de Santos: el Proceso de Paz. La reacción de Pinzón en cuanto a la destitución de personal frente al escándalo de la sala gris, no deja de ser sorprendente. De hecho, luego del escándalo, el jefe de la central de inteligencia Cime, en directo vínculo con la sala gris: Alejandro Forero, fue ascendido a la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Este asenso muestra la indiferencia de Pinzón frente a graves denuncias por parte de los medios tratándose de un asunto tan delicado como el proceso de paz.  Por lo tanto, lo más perjudicial para Colombia no es que el ejército busque acabar con el proceso de paz sino el campo de batalla que se ha creado entre ciertos sectores de las fuerzas militares y ciertos sectores del gobierno. Estas tensiones resultan perjudiciales para el gobierno en su totalidad y resultan ventajosos para las Farc ya que se enfrentan a un adversario dividido.

     Sin embargo, es preciso matizar frente a estos propósitos ya que según las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos a Pinzón le tocó el  papel de malo  pero detrás de esta estrategia él está en busca de la paz al igual que santos: “Yo sé que Juan Carlos también quiere la paz como la quiero yo. A él también le duelen cada soldado y cada policía que cae en un combate, cada colombiano que cae por esta guerra. Pero él sabe cuál es su misión y sabe por qué hace lo que hace”[32]

.  Así podríamos pensar que al tratarse de una situación tan ambivalente es necesario mantener mano dura para no ceder ni un milímetro cuando ningún acuerdo ha sido negociado. Todo esto para evitar escenarios como el del Caguán en que las Farc retirarían provecho de dicho proceso. Además Santos defiende el carácter democrático de las Fuerzas Armadas planteando la institución como vector de esta últimaen su discurso en la alocución del retiro de Barrero. “Yo siempre he defendido la institucionalidad. Y a las Fuerzas Armadas las he considerado siempre como la columna vertebral de nuestra democracia"[33]

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        A pesar de la posición de Santos de defensor de Pinzón, el nombramiento de este en la embajada en Washington sin terminar su mandato como ministro de defensa suscita dudas esto.  El 19 de mayo de 2015 el presidente posesionó a Juan Carlos Villegas como ministro de defensa en remplazo a Juan Carlos Pinzón quien fue nombrado embajador en Washington. Este “enroque”[34]

realizado por el presidente puede verse explicada por el acercamiento de Pinzón con la política de seguridad ciudadana y con la vertiente defendida por Uribe. Villegas, tratándose de un industrial, permite desviar la oposición al proceso de paz y prepara el país y las fuerzas armadas para la etapa del post-conflicto.

 

       En consecuencia, el ejército pasa de ser una institución poderosa y prestigiosa vector de la estrategia pacificadora, a una institución cuyas misiones se ven reducidas en el marco de la pacificación del país. Esta transición es un factor explicativo de la oposición ejercida por ciertos sectores del ejército al proceso de paz. El exministro de defensa se inscribía más dentro de la corriente de la oposición ya que Uribe fue quién más reforzó al ejército en los últimos 30 años. Por lo tanto, para evaluar los desafíos de la pacificación del país resulta oportuno tener en cuenta las Fuerzas Militares desde la perspectiva institucional. Estas últimas tienen sus propios objetivos que pueden distorsionar con los del gobierno y tener repercusiones sobre el proceso de paz. El caso de Colombia evidencia la tesis de Thomas Lindemann en su libro La Guerre[35]

, ya que la variable institucional y sobre todo las fuerzas militares ejercen una influencia considerable en los procesos de paz. No solo se trata de la voluntad y de los objetivos del gobierno y de las FARC sino que es fundamental tener en cuenta los intereses propios de los militares que en este caso siguen una corriente realista.

 Entre internalización de las externalidades negativas y transformación institucional 

          La transición en la posición del ejército dentro del proceso de paz se ha tornado particularmente desafiante. La oposición al proceso de paz por parte del ejército es una externalidad negativa que Santos busca internalizar por medio de una estrategia diplomática. De hecho, para mantener al ejército en situación de alto prestigio Santos se embarcó en la búsqueda de acuerdos militares con diferentes organizaciones internacionales. Al haberse tornado el ejército una institución tan potente una forma de internalizar las externalidades negativas es convirtiendo al ejército en una fuente de apoyo para conflictos a nivel mundial. Santos afirmó estos propósitos en su discurso en la base de Tolemaida: “Así como vienen de los Estados Unidos misiones aquí a Tolemaida a enseñarles a ustedes ciertas cosas, ustedes van a estar en la situación de poder ir a otros países, mucho mejor pagados además, porque ya tendrán los sueldos de Naciones Unidas, para poder ayudarles a ellos en sus misiones de paz. Ese es el futuro de nuestro Ejército”, les dijo

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. Las asesorías militares brindadas por el ejército colombiano son de las más avanzadas y experimentadas del hemisferio. La apertura hacia el exterior parece representar un alivio para los 550.000 soldados que tendrán que buscar ocupación finalizado el conflicto. Esta estrategia permite no solamente canalizar y desviar la oposición al proceso de paz, sino que es un vector para mejorar la imagen de Colombia en el extranjero. Colombia pasa de ser receptor de ayuda militar, a representar una fuente no solo de apoyo sino conocimiento y experiencia en el ámbito militar. Además el ejército colombiano, ha adquirido aptitudes en cómo luchar una guerra contra las guerrillas, el terrorismo y carteles del narcotráfico involucrados. Por lo tanto, se encuentra mucho más experimentado que ejércitos de países desarrollados.  Por otro lado, reducir el ejército a un plano de menor importancia presenta dificultades no solamente con esta institución sino que a raíz de la duración del conflicto en Colombia, hay una impregnación de la cultura de guerra en la población civil. Esta última está estrechamente asociada a los militares. Tanto así que se ha creado un imaginario colectivo vinculado con la imagen militar. Por consiguiente, esta política diplomática de Santos permite pasar de una imagen de país en guerra a la de potencia militar e internalizar las externalidades negativas a través de una perspectiva constructivista igualmente. Santos, en su viaje a Europa en noviembre de 2014, no solamente buscó apoyo financiero para el post-conflicto sino que se aludió a misiones de cooperación militar entre el ejército colombiano y la Unión Europea. El ejército colombiano sería un activo para las misiones europeas en Ucrania y en África. Diferentes misiones ya han tenido lugar a nivel mundial, “Según nuestra información, Colombia ofreció cooperación para la instrucción en 47 países en los últimos cinco años”, aclaró el gobierno alemán sin nombrar los países.  Asimismo, se han planteado posibilidades acercamiento de Colombia con la OTAN, lo cual despertó inquietudes a nivel regional que condujeron a controversias en el marco de la UNASUR. Estas misiones de cooperación fueron percibidas con reticencia por parte de Evo Morales y Nicolás Maduro, preocupados frente al posible asentamiento de bases militares en América Latina.  De hecho, el tema de los militares ha estado históricamente vinculado al tema del imperialismo norteamericano. A lo cual se le puede agregar lo que representa la OTAN  nivel mundial: vector militar de Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética en una primera instancia y una imagen controvertida luego de las intervenciones estadounidenses en Irak y en Afganistán[37]

.  Sin embargo, estas inquietudes fueron neutralizadas al no cumplir Colombia con los requerimientos para pertenecer a la Organización del Atlántico Norte debido a su ubicación geográfica[38]

. Es innegable que la cooperación militar con diferentes instancias constituye una respuesta a los desafíos planteados por el ejército ya demás es un activo diplomático en cuanto a la imagen militar. La imagen de Colombia puede reforzarse aún más mediante programas de cooperación militares, como ha sido el caso para China y Japón con las Misiones de Preservación de la Paz de las Naciones Unidas[39]

. Sin embargo, ni las garantías laborales y penales, ni las innovadoras ventajas, ni las misiones internacionales han sido suficientes para neutralizar la oposición de esta institución al proceso de paz. De hecho, la oposición ha perseverado a pesar de los esfuerzos de Juan Manuel Santos por atenuar esta última. Santos aseguró a los militares en Tolemaida que serían beneficiarios de beneficios jurídicos. “Si hay beneficios jurídicos para los enemigos, por supuesto que habrá beneficios jurídicos para nuestras fuerzas. Si alguien cometió algún error, si alguien incurrió en algún delito por causa de este conflicto, también tendrá los beneficios correspondientes.” Asimismo, las políticas de Santos han ido hasta sobrepasar los privilegios proporcionados por Uribe. Santos busca embarcarse en una reforma constitucional para expandir el fuero militar. Estas concesiones parecen incrementar el descontento por parte de los militares.

        La memoria histórica juega un papel fundamental y también constituye una variable explicativa de la actitud hostil de los militares. Con la estrategia de Uribe, los militares no solamente se disponían a ganar la guerra sino que pasarían a la historia como los héroes que consiguieron la paz luego de más de un siglo de conflicto armado. Sin embargo, con la llegada de Santos los desafíos en cuanto a la memoria también evolucionaron. ¿Quién será el héroe del conflicto? De hecho, no siempre el actor que más contribuye a la victoria es el que pasa a la historia como triunfador. Por ejemplo, en Francia después de la segunda guerra mundial la estrategia memorial de De Gaulle consistió en presentar el conjunto de la población francesa como vencedora para promover la unidad nacional. Mientras que sin el inmenso apoyo del ejército inglés la victoria habría sido imposible con una población fragmentada y con intereses divergentes. Por lo tanto, una potencial preocupación de los militares es cuál será su posición cuando esta etapa de negociación sea clausurada. Por lo tanto, es fundamental para el gobierno resaltar que las negociaciones de paz en la Habana no serían posibles sin el riguroso trabajo de las fuerzas armadas. Pero igualmente es preciso hacer un trabajo de construcción de la memoria con el ejército en todas sus facetas: la de víctima, la de victimario y la de vencedor. Una total claridad sobre el papel del ejército es el que permite una construcción de la memoria sólida y duradera. Es importante reconocer los logros del ejército y sus sacrificios sin retirar importancia a los abusos y desbordamientos de esta institución por respeto con las víctimas. Este trabajo de memoria es fundamental para construir una memoria del conflicto sólida para evitar resentimientos y prevenir futuras tenciones.

        Sin embargo, si la paz llegase a ser firmada Colombia dejaría de ser un país en conflicto a pesar de las diferentes amenazas a la seguridad por parte de las bandas criminales y el narcotráfico. Por lo tanto, es preciso realizar una reestructuración del ejército en términos institucionales, ya no se trata de una institución para luchar una guerra sino una institución para enfrentar diferentes tipos de desafíos de seguridad. Como fue mencionado anteriormente, la guerra se ha transformado con la llegada de la globalización. Lo ejércitos se han convertido en la institución que se enfrenta al terrorismo, al narcotráfico y a las bandas criminales. Es imposible hablar de guerra contra ninguno de estos fenómenos ya que una guerra es un enfrentamiento armado entre dos grupos. Asimismo, la “guerra contra el terrorismo” emprendida por el gobierno de Estados Unidos luego de los ataques del 11 de septiembre, no ha aportado resultados satisfactorios y ha sido muy cuestionada en términos de derechos humanos. La “Guerra contra las drogas en México” tampoco ha brindado resultados en términos de debilitamiento de los carteles. Al dejar de ser un país en guerra, el ejército deja de ser un potencial vector de la estrategia y del interés nacional. Por lo tanto, debe haber una transformación del ejército a nivel institucional para adaptarlo a los desafíos del postconflicto y para impedir que este último constituya un obstáculo hacia la política del gobierno. El ejército no puede conservar una forma convencional debido que las guerras y las potenciales amenazas han evolucionado. Es preciso que el ejército continúe asegurando la seguridad así como la lucha contra el narcotráfico pero en la vía del desarrollo. En la medida en que el ejército se embarque en proyectos de desarrollo, la etapa del post-conflicto se hará más fácil, siempre y cuando la seguridad permanezca asegurada.

 

      En conclusión, el caso del ejército colombiano, evidencia el contraste entre la situación de las fuerzas armadas en situación de conflicto y en situación de paz, o de proceso de paz. La transición de una situación a otra no solamente tuvo repercusiones negativas sobre la propia institución sino sobre las políticas del gobierno, en el marco del proceso de paz. El ejército colombiano, concebido a principios de los años 2000 como vector de paz, seguridad y estabilidad, pasó a una posición de segundo plano durante el gobierno de Santos. Mientras que con Uribe serían los militares quienes recuperarían la paz y la soberanía del Estado sobre el territorio, con Santos la paz sería alcanzada por un grupo de negociadores en La Habana mientras que el ejército debe quedarse asegurando la estabilidad del país. Su posición resulta menos determinante para el futuro del país.  El contraste entre la situación de las fuerzas militares en el gobierno de Uribe y en el de Santos es un factor explicativo de la reticencia con la que el ejército percibe el proceso de paz. Pese a que el tema de los militares constituye un factor explicativo a los desafíos que enfrenta el proceso de paz, resulta oportuno afirmar que no es el único factor y los militares han sido estigmatizados y se han convertido en chivos expiatorios[40]

. Por lo tanto, más allá de buscar el culpable, lo más pertinente es buscar las dinámicas que se ejercen sobre los diferentes grupos con el fin de canalizarlas en el mejor sentido. El campo de batalla que se ha generado entre el gobierno y ciertos sectores del ejército frente al proceso de paz se ha convertido en un obstáculo para dichas negociaciones. La estrategia de Santos de hacer a las fuerzas armadas parte de su política diplomática es una forma coherente de internalizar las externalidades negativas. Sin embargo, esta no ha sido suficiente para contrarrestar este el combate con ciertos sectores del ejército. Por lo tanto, es necesario realizar una serie de reformas para transformar el ejército a nivel institucional. La organización del ejército debe estar dispuesta a responder a los nuevos desafíos de un mundo globalizado, que implican una transformación en el funcionamiento y en la posición de este último. Y el ejército tiene un papel primordial que desempeñar igualmente en la fase del post-conflicto, tornándose en la vía del desarrollo.