Tres años después: ¿En qué van los preparativos del post-conflicto?
Después de más de tres años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, llevadas a cabo en La Habana (Cuba), la firma de un Acuerdo de paz parece cada vez más cercana. A finales del 2015, el presidente Juan Manuel Santos hizo público un ultimátum para la concertación de un Acuerdo de paz para el 23 de Marzo del 2016, adoptado en concertación con los negociadores de las FARC, según sus declaraciones. Sin embargo esta fecha límite parece bastante ambiciosa si se tiene en cuenta lo considerable y lo sensible de lo que resta por negociar de acuerdo a la agenda acordada a inicio de las conversaciones1.
Efectivamente, desde Noviembre del 2012, los negociadores han abordado la mayoría de los seis puntos previsto en la agenda inicial. Hasta el momento han sido propuestos los borradores de cuatro de los seis temas de discusión: el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, las cuestiones de participación política, la política de desarrollo agrario y el problema de las drogas ilícitas. Actualmente siguen en discusión ciertos detalles de dichos temas, así como los dos últimos temas correspondientes al fin del conflicto y, particularmente importante, al mecanismo de refrendación del Acuerdo de paz.
A nivel internacional la aceptación del proceso de paz colombiano parece positiva, incluso más allá de los estímulos expresados por los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), durante su cuarta Cumbre que tuvo lugar en Quito a comienzos de este año. Cabe remarcar que a finales de Enero, en paralelo con el desarrollo de la Cumbre de la CELAC, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que establece la creación de una “misión política” integrada al proceso de paz durante 12 meses. Con la adopción de esta resolución, el Consejo de Seguridad no solo endosó públicamente el proceso, sino que también expresó la voluntad de participar activamente en los primeros pasos de la instalación de la paz. Por otra parte, a través de la resolución, el Consejo de Seguridad hizo un llamado a la participación de los Estados miembros de la CELAC.
Durante los tres últimos años, toda clase de opiniones se han hecho escuchar en el país a medida que avanzaban las negociaciones. En lo que parece ser la recta final hacia la firma de un Acuerdo para la paz, el debate está más vivo que nunca. A pesar de que la aceptación de las negociaciones parece generalizada en gran parte de la población colombiana, está claro que ciertos sectores, de ambos lados del espectro político, rechazan en diferentes medidas las propuestas emitidas en La Habana. Por un lado, algunos se han mostrado escépticos respecto a las consecuencias que traería la firma de Acuerdo de paz, en materia de impunidad sobre los crímenes perpetrados no solo por las FARC, sino también por las Fuerzas militares, dentro del marco de justicia transicional propuesto. Por otra parte, otros han expresado su temor frente a las medidas de participación política que, si bien estaban previstas desde el inicio como uno de los temas de negociación, abrirían paso a la entrada en la esfera política de antiguos miembros de la guerrilla. El abanderado del movimiento de oposición al Acuerdo de paz con las FARC es el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien desde su movimiento político, el Centro Democrático, se ha empeñado en rechazar los avances de las negociaciones, denunciando a viva voz la amenaza en materia de impunidad que, para él, representaría la firma del Acuerdo de paz.
A pesar de encontrarse tan próxima la firma del Acuerdo, las dificultades apenas comienzan para todas las partes. Uno de los principales obstáculos que presenta la firma del acuerdo reside en el debate respecto a la forma de refrendación del mismo. Siendo éste uno de los temas a negociar, el modo de aprobación y ratificación del acuerdo no ha estado a salvo de la controversia. Por un lado, el gobierno colombiano propone un plebiscito como modo de refrendación, en vista de atribuirle legitimidad popular al acuerdo de paz. Sin embargo, la fragilidad de este modo de refrendación consiste en el riesgo que representa la participación popular que podría dar lugar a un rechazo de los acuerdos, en caso de que la campaña por el “no” ganase. En este caso se echarían a perder los esfuerzos de los últimos años por llegar a un acuerdo, invalidándolo. Cabe mencionar que la herramienta del plebiscito como modo de refrendación también presenta limitaciones en la medida en que los umbrales de participación actuales en el caso del plebiscito son bastante elevados y difíciles de alcanzar. En vista de asegurar una real toma de decisión a través del plebiscito, fue debatido en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca proveer umbrales de participación más reducidos al “plebiscito por la paz”.
Por otro lado, en caso de que los negociadores de las FARC defienden su campaña de llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que abriría paso a la creación de un nuevo orden constitucional que incluiría las disposiciones acordadas durante las negociaciones. No obstante, esta propuesta daría un margen de maniobra considerablemente grande a las FARC en la instalación del post-conflicto, y es por esto que el gobierno se ha mantenido firme en su rechazo. El problema del modo de refrendación puede considerarse como el primero de muchos obstáculos del proceso de post-conflicto, puesto que el resultado de la refrendación determinará bajo qué óptica se va a llevar a cabo el proceso, por el lado de la ciudadanía, permitiendo vislumbrar los niveles reales de aceptación ciudadana.
Al obstáculo de la refrendación se suman muchos otros, como por ejemplo el tema de la financiación del post conflicto, tema que representa una preocupación cada vez mayor si se toma en cuenta la coyuntura económica poco favorecedora para el país. En efecto, es un hecho que la puesta en marcha de las medidas adoptadas dentro del Acuerdo de paz representará un costo considerable para el gobierno colombiano. Respecto a éste tema, muchas voces se han levantado interrogándose sobre las fuentes de financiación del post-conflicto. En respuesta a esto, el presidente Santos ha emprendido una campaña de fundraising como parte de su política exterior, durante los últimos meses. Así, en visita oficial a Europa, a mediados del 2015, el presidente de la República abordó el tema del proceso de paz, buscando la destinación de fondos europeos a la financiación del post-conflicto. Si bien el balance político fue positivo, puesto que los países europeos reiteraron su compromiso con el proceso de paz, en el plano económico las promesas obtenidas fueron pocas. Por otra parte, en su reciente visita oficial a los Estados Unidos, para la celebración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Santos recibió una propuesta de ayuda de la parte de la administración estadounidense, por una suma de 450 millones de dólares en el marco del nuevo programa de cooperación colombo-americano “Paz Colombia”, con miras a la instalación de la paz tras la firma del Acuerdo de La Habana.
En materia económica también han sido discutidos los llamados “dividendos de la paz”, o la rentabilidad de la firma de un Acuerdo de paz. De acuerdo a estimaciones del gobierno, la instauración de la paz en Colombia permitiría explotar en gran medida el crecimiento del país. En efecto, en Diciembre del 2015, el Departamento Nacional de Planeación hizo públicos los resultados de un estudio de acuerdo al cual los “dividendos de la paz” se estiman en un aumento de la tasa de crecimiento potencial de Colombia cercano a 1,9 puntos porcentuales: Así, tras la instalación de la paz en Colombia elevaría el potencial de crecimiento de Colombia a alrededor del actual 4% a un 5,9%.
Además de las cuestiones financieras, el post conflicto también plantea debates de orden mayor en materia de justicia. Durante el desarrollo de las negociaciones, las partes negociadores llegaron a un acuerdo en materia de justicia transicional, en busca de proveer garantías jurídicas a la integridad de los actores del conflicto en el marco de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Así, el gobierno y las FARC hicieron pública en Septiembre de 2015 la “Jurisdicción Especial para la Paz”, que prevé la creación de Salas de Justicia y de un Tribunal para la Paz. El Acuerdo de paz vendría a instalar un nuevo sistema jurídico exclusivamente adaptado al post-conflicto, que busca ofrecer justicia no solo de orden retributivo o punitivo contra los crímenes de guerra, sino también restaurativo: esta innovación jurídica permitiría juzgar los crímenes perpetrados en el marco del conflicto, con un enfoque equilibrado en los objetivos de reintegración de los guerrilleros en la vida civil y en las garantías de reparación de las víctimas. Por otro lado, el sistema de justicia propuesto en el marco de las negociaciones de La Habana, busca también dar un lugar importante a la participación de las víctimas en la aplicación de la justicia del post-conflicto. A pesar de la imagen tan positiva y esperanzadora de la Jurisdicción Especial para la Paz, está claro que es un proyecto bastante ambicioso y el escepticismo en cuanto a su puesta en práctica está omnipresente en las discusiones alrededor del proceso de paz.
Otros de los grandes retos del proceso de post-conflicto en Colombia concierne a la participación política de las FARC. En efecto, el Acuerdo prevé una integración de antiguos miembros del grupo guerrillero a la arena política, con vista de abrir la puerta a opiniones políticas diferentes. Si se tiene en cuenta el hecho que la guerrilla de las FARC emergió en cierta medida en respuesta a una obstaculización de la discusión de ciertas ideas comúnmente asociadas a la izquierda, en la esfera política, la participación política representa uno de los principales pilares del Acuerdo de paz. Sin embargo, para muchos críticos de este punto, es muy difícil imaginar a antiguos miembros de las FARC ocupando curules en el Congreso, al mismo tiempo que se llevan a cabo procesos judiciales en su contra: la participación política entraría en cierto modo en conflicto con los procesos de reparación y de justicia que también han sido discutidos durante las negociaciones. No obstante, del mismo modo en que hoy en día el Congreso acoge a congresistas ex-guerrilleros del M-19, no parece imposible imaginar en el largo plazo ver a desmovilizados de las FARC en los mismos salones haciendo política.
Finalmente, la puesta en práctica del post-conflicto presenta otros grandes retos, especialmente en materia logística y administrativa. ¿Cómo van a ser administrados los programas destinados a las regiones, en un país donde tradicionalmente el Estado está concentrado en las grandes ciudades? ¿Cómo se va a asegurar la participación ciudadana y la transparencia en el proceso del post-conflicto? Justo a estas dudas, queda siempre la inquietud respecto a la completa desmovilización de la guerrilla, puesto que, aunque los dirigentes de las FARC estén negociando directamente con el gobierno en La Habana, no pueden asegurar completamente que todo el cuerpo guerrillero se acople a las decisiones negociadas. A pesar de todos los riesgos y temores respecto al proceso de paz, si está claro es que Colombia está viviendo un cambio positivo puesto que los diferentes actores del conflicto parecen dispuestos a adoptar posturas más conciliadoras con mira a la terminación del conflicto que, para algunos de los colombianos, es el único contexto que conocen.
Matias ZAMBRANO
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