La reforma política en Argentina y sus alcances sobre el mapa electoral del 2011
Écris par Antoine Maillet
Argentina debe elegir un nuevo presidente en 2011. Con casi 2 años de anticipación, el 2 de diciembre 2009, el congreso sancionó como ley un proyecto de reforma política enviado a sus cámaras por el poder ejecutivo.
El proyecto es hoy la ley 26571 [1] que se ha dado en llamar pomposamente "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Se aprobó el día 2 de diciembre, a días de perder la mayoría que ostentaba el oficialismo (el día 10 de diciembre se incorporaron los legisladores opositores electos en las elecciones de 28 de junio de ese año).
Durante el debate los partidos opositores formularon severas objeciones a muchos artículos del proyecto. Por esto, para conseguir su aprobación, el oficialismo debió hacer concesiones que se concretaron en 50 artículos de los 110 que tiene la ley. Sin embargo, para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo la Presidenta vetó los artículos 107 y 108, según el decreto 2004/09.
No es el caso de comentar en detalle las disposiciones de esta polémica ley pero debemos anotar algunas de las principales, como lo referido a requisitos para que las agrupaciones políticas puedan ser reconocidas como entidades con personería jurídico-política. La ley fija plazos y números de afiliaciones con la intención de limitar la cantidad de partidos que, En los últimos comicios nacionales del 28 de junio, el número de partidos políticos fue de más de 700. En otros artículos la ley alude a fusiones de partidos y contienen normas regulatorias sobre la selección de candidatos. Al respecto retoma un criterio que ya se había adoptado durante la crisis del 2001 pero que se derogó antes de ponerse a prueba. Se legisla sobre un sistema de elecciones internas en cada partido reconocido para elegir sus candidatos. Solo así pueden oficializarse los que resulten electos en esas internas, selección que debe celebrarse en forma simultánea en un solo acto electivo y abierto con voto secreto y obligatorio.
El punto más polémico de todos los cambios que supone la ley de reforma política es el que genera las sospechas respecto de un posible regreso al fuerte sistema bipartidista tradicional de la Argentina que implicaría una competencia exclusiva por el poder entre el peronismo y el radicalismo. De hecho, la reforma exige a todos los partidos un piso del tres por ciento de los votos emitidos en la primaria. Puede suponerse que eso les traerá dolores de cabeza los partidos más chicos y aun a aquellos que basan su poderío en una fuerza regional o provincial. El gobierno defiende este punto de la misma forma en que lo hace con la obligación que tendrán los partidos de tener un piso de 4 por mil de afiliados para conseguir su inscripción.
El partido principal de la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR), sostiene que la ley es "un traje a medida para el ex-presidente Néstor Kirchner" que pretende volver a la presidencia después de cumplido el mandato de su esposa. Sin embargo, se puede entrever que los nuevos obstáculos impuestos a los partidos más chicos le podrían ser beneficiosos tanto al Partido Justicialista como a la UCR. En efecto, los partidos menores (de los cuales una gran mayoría se supone de izquierda) corren el riesgo de no poder cumplir los plazos para llegar a presentar candidatos propios en el 2011. Esto es considerado por una gran parte de la opinión pública como una manera de deshacerse de la competencia que en las últimas elecciones vio a la nueva fuerza de centro izquierda Proyecto Sur quitarle gran parte de los votos en la Capital Federal a los dos grandes partidos tradicionales. El "partido-revelación" del cineasta Fernando "Pino" Solanas podría así perder el envión que lo perfila para las elecciones presidenciales dentro de un año y medio.
La ley fija normas sobre el financiamiento de los partidos y respecto a los espacios de publicidad en medios audiovisuales. En otros capítulos, se refiere a las campañas electorales y a los recursos que aportara el estado a los partidos participantes, todo ello con un acentuado reglamentarismo que también se observa en temas como el de las boletas electorales, de las elecciones internas, del escrutinio, de la proclamación de candidatos, etc. A pesar de ello, el sistema de la ley deja en manos del oficialismo todo el proceso político electoral y no accede a un reclamo unánime de la oposición: no se crea un organismo en el ámbito del poder judicial que sustituya al ministerio del interior, ministerio político dependiente del poder ejecutivo.
Tampoco incluye la ley modernos sistemas de votación, ni el electrónico ni el de boleta única que evitaría la "desaparición" de las boletas partidarias opositoras. Tampoco contempla el caso de las candidaturas testimoniales, auténtico método fraudulento inventado por el Partido Justicialista en las elecciones del 28 de junio, por las que resultan electos candidatos que luego no asumen el cargo, continuando en otras funciones de gobierno.
En resumen, la ley de reforma política, aprobada en diputados por 136 votos contra 49, podría cambiar el mapa político argentino rearmando un bipartidismo virtual a tiempo para las próximas elecciones. Pero no parecer superar viejos vicios del juego electoral como tampoco garantiza la transparencia de un régimen democrático.
Notas
Ley 26571 y Decreto 2004/2009. Partidos Políticos. Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, versión HTML: http://209.85.229.132/search?q=cache:aBTqn-QL6CgJ:www.cpcesla.org.ar/doc...
Periódicos: Página/12; Crítica; La Nación.
Mis à jour le 27 janvier 2010
